Los explosivos archivos secretos sobre la izquierda chilena
Andrea Sierra
El 9 de diciembre de 2000, el Diario Oficial publicó la resolución exenta 2.326, que no pasó inadvertida para el historiador y profesor titular de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Víctor Farías.
Con la rúbrica de la ministra de Salud de la época, Michelle Bachelet, el gobierno dio luz verde a una ley que -sin discusión- permitió la esterilización de discapacitados en Chile.
"Los establecimientos asistenciales de los Servicios de Salud efectuarán acciones de salud destinadas a las esterilización voluntaria de hombres y mujeres; se podrá acceder a la esterilización a petición de la persona solicitante, por recomendación médica o a solicitud de terceros, en casos especiales... La esterilización de personas en edad reproductiva que padecen de una enfermedad discapacitante que les produzca carencia de discernimiento se efectuará de conformidad a lo establecido en el Decreto número 570 de 2000 del Ministerio de Salud", dice una parte del texto.
El propio historiador Víctor Farías explica los alcances de la ley.
"Esto significa que un servicio público estará obligado a esterilizar a una niña de 16 años si ella lo solicita, siendo que su discernimiento en esta materia es muy limitado", afirma.
Pero, además, la normativa establece que la esterilización podrá hacerse "por recomendación médica". Es decir, dice Farías, sin el consentimiento del paciente. También, sostiene el extracto del Diario Oficial, "a solicitud de terceros en casos especiales", sin especificar cuáles son éstos.
Para Farías, la normativa visada por Bachelet no hace más que rescatar un proyecto de "esterilización forzosa" que manejaba el ex Presidente Allende y que nunca llegó a puerto.....
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